Análisis de las garantias que otorga el estado colombiano a los trabajadores sexuales

Abstract

El trabajo sexual es una de esos temas controversiales en cualquier sociedad, que abarca consideraciones éticas, morales, religiosas, jurídicas, y hasta políticas. Lo cierto es que en el ordenamiento jurídico colombiano a través de pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional se iniciado el debate jurídico frente al reconocimiento del trabajo sexual como una actividad legal. El Estado una vez reconoce derechos debe garantizarlos, es por esto, que este ensayo busca exponer si existen o no garantías por parte del Estado Colombiano para el ejercicio de la prostitución como trabajo. El núcleo de este escrito se centra en el análisis jurídico de la Sentencia T-629 de 2010 efectuada por la Corte Constitucional en donde se aborda el reconocimiento de derechos a la población que ejerce el trabajo sexual. En síntesis, se quiere evidenciar si los derechos otorgados a los trabajadores sexuales se ven materializados tanto jurídica como socialmente. Así pues, siguiendo lo dicho por (Tirado, 2011) “las implicaciones del trabajo sexual en el plano legal han tenido históricamente entre sus contradictores y seguidores debates representados en diversas corrientes jurídicas; tema que no resulta fácil de abordar teniendo en cuenta sus aproximaciones al plano de la moral, sumado a los borrosos límites con la ilegalidad.” El Estado como institución tiene un rol determinante en las implicaciones que se ponen sobre la mesa al tratar el fenómeno social de la prostitución no solo en un contexto nacional, sino en un momento donde las leyes evolucionan de acuerdo con un panorama internacional planteando no pocos dilemas frente al fenómeno que se desborda de los límites territoriales, siendo el caso de la sentencia T-629 de 2010 que abre la discusión en Colombia respecto al reconocimiento de la actividad de la prostitución como trabajo y sus implicaciones en las dimensiones económica y social.